La CEOE no firmará la reforma laboral si queda abierta a cambios en la tramitación en el Congreso

La CEOE no se fía de los socios independentistas de Pedro Sánchez, ERC y Bildu, y tiene una nueva línea roja para firmar el acuerdo de la contra reforma laboral con Gobierno y sindicatos. Los empresarios rechazan apoyar un texto que quede abierto a que posteriormente pueda modificarse por los grupos políticos durante la tramitación parlamentaria de la ley, según explican fuentes conocedoras de la situación. Se oponen especialmente a que republicanos catalanes o abertzales vascos impongan a Sánchez la prevalencia de los convenios autonómicos frente al estatal, lo que tiraría por la borda todo el trabajo que han hecho hasta ahora las partes para acordar un texto.

La prevalencia de los convenios autonómicos sobre el estatal es una cuestión que ya estaba en la norma desde 1994, pero fue modificada en 2010 por José Luis Rodríguez Zapatero y mantenida en la reforma laboral que aprobó el PP en 2012. Ahora, la propuesta que ha hecho el Ejecutivo a las partes es volver a lo que había en 1994: eliminar el artículo 84.4 del actual estatuto de los trabajadores y que fue lo que añadió Zapatero y mantuvo Mariano Rajoy. Un artículo que da la prevalencia al convenio estatal sobre el autonómico. La patronal no quiere ni oír hablar de este cambio, puesto que supondría minimizar su poder de negociación de los convenios y abrir la puerta a que haya condiciones diferentes de trabajo en función de dónde se trabaje.

Pero el problema es que, aunque la CEOE consiga eliminarlo del texto final en la negociación con el Gobierno y los sindicatos, los socios de Sánchez impongan en el Congreso este cambio para dar su visto bueno al texto final. Por eso, los empresarios advierten de que lo que se pacte en la actual mesa de negociación en el marco del diálogo social no puede quedar abierto a más cambios en las Cortes. «No lo aceptaremos», señalan fuentes empresariales.

La negociación continúa

Se trata de un palo más en la rueda de la negociación, que sigue abierta. La mesa de negociación acordó el viernes volver a reunirse a partir de las nueve de la mañana de este lunes, lo que complica los planes del Gobierno de cerrar el acuerdo, que las partes lo ratifiquen internamente, y que se apruebe en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre para cumplir con el plazo dado por el Ejecutivo a Bruselas -31 de diciembre-.

Los primeros en dar la voz de alarma fueron los empresarios, que advirtieron de que era «muy difícil» alcanzar un acuerdo antes del 31 de diciembre. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha insistido este viernes en que sería muy triste que se rompiera una negociación que está avanzando, aunque lentamente, porque existe un plazo que Bruselas ha permitido ampliar.

En esa misma línea se ha mostrado el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, también el viernes. Sordo ha pedido que se cumpliera el plazo del 31 de diciembre, pero añadió que «una negociación de esta importancia no debería caerse por cuatro días arriba o abajo».